El Consejo de Ministros ha dado luz verde este pasado mes de noviembre al Real Decreto-ley que modifica la forma de calcular el impuesto de plusvalía municipal, con el objetivo de adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal este tributo el pasado 26 de octubre. La nueva normativa busca que se pague plusvalía sólo en caso de que se venda o traspase una vivienda cuando ha habido una ganancia, informa Idealista News.
¿Cuáles son las claves de la nueva norma? El real decreto ley establece dos alternativas de cálculo del impuesto. La primera es la conocida como fórmula objetiva, que se calculará tras multiplicar el valor catastral del inmueble por unos nuevos coeficientes, que se fijarán cada año en función de la evolución del mercado. La segunda opción disponible es la fórmula real, que implica el cálculo de la diferencia entre el precio de venta o traspaso y el precio de compra o adquisición del inmueble.
Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método de estimación objetiva, podrá aplicar la real. El contribuyente podrá elegir entre estos dos modelos, aquel que sea más conveniente para él, sin que el contribuyente tenga que pagar este tributo si no se obtiene una ganancia. Además, otra novedad es que serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, calculadas entre la fecha de adquisición y la de enajenación.
Tras la aprobación de este Real Decreto-ley, que modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los ayuntamientos tienen seis meses para adaptarla a su marco legal. Estos van a poder establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor que pondere su grado de actualización, con el máximo del 15%. Los expertos coinciden en que muchos de los municipios van a elevar los tipos que se venían aplicando para compensar las pérdidas que les va a suponer el nuevo sistema.
Y es que los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que los ayuntamientos perderán un mínimo de 78 millones anuales con la nueva regulación. Habrá un «agujero» en 35 capitales y ciudades de más de 150.000 habitantes que superará el 20% de los ingresos por este tributo, contando exclusivamente el efecto de los nuevos coeficientes del método objetivo. Esta sangría será mayor en el caso de los Ayuntamientos más pequeños que se encuentren muy endeudados, según informa elEconomista.
Entre las grandes ciudades que perderán más del 25% de la recaudación figuran ciudades como Lérida, Málaga, Zaragoza, Murcia, Huelva, Cádiz, Segovia, Gerona, Cuenca, Teruel y Granada, según el mismo diario económico. Por el contrario, los técnicos apuntan que cuatro capitales aumentarán ingresos: Madrid (73 millones), seguida por Santander (15 millones), León (6,7 millones), Soria (3,8 millones) y Albacete (1,8 millones), pues contaban con porcentajes anuales inferiores a los nuevos coeficientes máximos; salvo que en las nuevas ordenanzas fiscales aprueben otros inferiores.
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